Ya suman siete los sindicalistas asesinados antes y después de la marcha, cuyos organizadores ya habían denunciado amenazas de muerte por parte de grupos paramilitares como “Nueva Generación” y “Águilas Negras''.
Dos nuevos sindicalistas colombianos que participaron en la marcha del pasado 6 de marzo "Por la paz y contra el paramilitarismo en Colombia" fueron asesinados por presuntos grupos paramilitares.
Se trata de la profesora Carmén Cecilia Carvajal, quien fue hallada en Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, y de Carlos Burbano, asesinado en San Vicente del Caguán, sureño departamento de Caquetá.
Carvajal, de 52 años, estaba afiliada a la Asociación de Institutores Norte Santandereanos y, según confirmó la Fiscalía colombiana, fue atacada por dos sicarios que le dispararon en el rostro la mañana del pasado 4 de marzo cuando salía de su casa.
Una semana más tarde, fue encontrado el cadáver de Burbano, quien hacía parte de la Asociación Nacional de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud (Anthoc), en la vía que conduce de San Vicente a la localidad de Puerto Rico, con heridas ocasionadas por arma blanca, dijo por su parte la Policía.
Ambos líderes sociales eran promotores de la gran movilización del pasado 06 de marzo.
Los organizadores de la marcha contra el paramilitarismo ya habían denunciado haber recibido amenazas de muerte -vía correo electrónico- de parte de grupos paramilitares como la organización "Nueva Generación" (ONG), que tiene presencia importante en el sureño departamento de Nariño y otro grupo de ultraderecha denominado las "Águilas Negras".
Ya van siete
Según la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) y la ONU, entre el 23 de febrero y el 11 de marzo han sido asesinadas por lo menos seis personas pertenecientes a sindicatos y ONG de derechos humanos en cuatro departamentos y en Bogotá "como consecuencia de su participación en la marcha", aseguran.
A esos seis, se le suma una séptima víctima: Adolfo González, de 42 años, asesinado el pasado sábado y quien trabajaba en El Cerrejón y hacía parte del Sindicato Nacional de Trabajadores del Carbón (Sintracarbón) en La Guajira.
Además de Carvajal, Burbano y González, también han sido asesinados: Leonidas Gómez, del sindicato Unión Nacional de Empleados Bancarios (Uneb); Gildardo Antonio Gómez, educador y delegado de la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida); Édgar Molina (colaborador de Huipaz); el del dirigente Manuel José Reina.
"Ninguna muerte tuvo una motivación personal. Suceden en momentos previos y posteriores a la marcha. Además, coincide con amenazas hechas a 20 personas de nuestro Departamento de Derechos Humanos y de Fecode", aseguró Fabio Arias, vicepresidente de la CUT.
Pese a este panorama, el Ministerio del Interior rechazó las amenazas contra organizaciones de derechos humanos y los sindicalistas que participaron en la protesta del 6 de marzo, y pidió la revisión de esquemas de seguridad.
Según el Gobierno de Álvaro Uribe, cerca de 32 mil paramilitares fueron desmovilizados en el marco de la Ley de Justicia y Paz, una norma jurídica promovida y aprobada en el 2005 por el Congreso colombiano que persigue la "reinserción" de los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quienes supuestamente entregaron sus armas en el proceso de negociación celebrado entre 2003 y 2005.
Sin embargo, defensores de derechos humanos en Colombia aseguran que, tras su presunta desmovilización, también han surgido nuevos grupos de "paras".
Sólo en 2008, han ocurrido 14 asesinatos de personas vinculadas con el movimiento sindical, según la Policía. De ese total, ocho son profesores.
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