En una decisión sin precedentes, la justicia peruana condenó al expresidente Alberto Fujimori a una pena de 25 años por violación a los derechos humanos. Los cargos probados son dos masacres y dos secuestros, suficiente para encerrarlo, pues encierran tortura y genocidio. De esa manera terminó, al menos en un primer momento, una larga historia que incluyó la renuncia y fuga de Fujimori, su asilo en Japón, país en donde tiene nacionalidad, su regreso y captura en Chile; así como los esfuerzos de sus seguidores en Perú para ganar espacios políticos y evitar el juicio que ahora concluyó, en su primera fase como digo. Lo importante de esta condena es que por primera vez hace justicia sobre lo que fue el pan nuestro de cada día en los años recientes de gobiernos del continente, y que se hizo sin que mediaran juicios encaminados por instancias internacionales como en el caso chileno o argentino en su primer momento. En el caso de Fujimori purgó condena por corrupción y abuso de poder, y por razones políticas fue amnistiado, pero ahora se le vincula con lo más nefasto de las practicas militares de las décadas anteriores. Es cierto que ya tenemos los juicios y condenas a militares argentinos, alguno de los cuales fue jefe de Estado; que hubo la condena a Pinochet y su avanzada edad lo único que permitió fue una especie de retiro en su residencia, pero en los dos casos se trató de personajes que llegaron al poder vía el golpe de estado aunque de manera posterior se hayan “legitimado” utilizando cualquier clase de trampas. En estos dos países ha habido, como no podría ser de otra forma, llamados a impedir la venganza, la revancha y un sinfín de argumentos mas para impedir el paso firme de la justicia, pero finalmente se ha impuesto la razón. En el caso de Fujimori, se trata de un presidente que de manera sorpresiva llegó al poder por la vía del voto popular en una elección que dejo a medio mundo perplejo por el efecto de bola de nieve que electoralmente se produjo en pocos meses. Luego ganó otro par de elecciones. Además, en ese proceso la vieja clase política y sus partidos quedaron sumergidos por los votos y la izquierda sigue la fecha en búsqueda de recomposición. Es luego de su consagración electoral, que vino la demostración del carácter represivo, autoritario y criminal de su gobierno. Y ello tomando en cuenta que Fujimori, es un aprendiz si se le compara con los genocidas guatemaltecos. Para Guatemala esto es de singular importancia. De una parte porque deja ver que la impunidad no tiene fronteras y que la lucha en contra de ésta sigue ganando terreno, pues la condena a Fujimori si algo nos dice, es que todos los caminos retorcidos de la impunidad llegaron a un callejón sin salida. Hay que recordar que a pesar de que Fujimori gano varias elecciones, ello no dice nada de sus tendencias criminales que ahora los jueces se encargan de recordarnos. De nueva cuenta, la justicia aparece, finalmente pero aparece. Aunque en el Perú existe la posibilidad de una salida arreglada con el actual presiente, no es menos cierto que el veredicto de la justicia ya está dado con un buen nivel de acompañamiento internacional, por ser un expresidente, con nacionalidad japonesa y peruana, capturado en Chile y luego extraditado hacia el Perú. Sin duda un caso que colma las paginas de los diarios de la región y mucho mas allá. En nuestro caso tenemos pruebas documentales en los archivos de la extinta policía nacional, en los archivos desclasificados del gobierno de los EEUU, y ahora tenemos la posibilidad de conocer el contenido de los archivos militares que el actual gobierno ha ordenado poner a la disposición de la justicia para los casos pendientes. ¿Por qué no llega la justicia? ¿Seremos acaso el único país del continente blindado en términos de impunidad? Me parece que estamos en buen tiempo de demandar justicia contra los autores reconocidos de genocidio, y para ello hay las pruebas suficientes. Lo único que falta es que los órganos de justicia guatemalteca dejen de ser una cloaca de la impunidad. Hace falta además, que Guatemala se ponga al ritmo de la justicia universal, que se entienda por las autoridades que no vivimos al margen de los instrumentos legales construidos con enorme trabajo en los últimos años.
Modificado el ( ABP/15/04/2009 )
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