El regreso del macartismo

A instancias de la fiscalía colombiana las autoridades españolas han detenido a Remedios García acusada de vínculos con las FARC y en consecuencia responsable de colaboración con banda armada, un delito que en España supone máximas penas y en Colombia penas que de hecho significan la cadena perpetua si es que antes un pistolero paramilitar o algún militar no ejecutan al acusado
. Se alega que su nombre aparece en la computadora del abatido jefe guerrillero Raúl Reyes, agregando que pronto darán los nombres de otros ciudadanos españoles igualmente implicados en las actividades delictivas de esa guerrilla. De momento no parece que en España se haya dado mucha credibilidad a tamaña acusación (¿a excepción de la fiscalía?). Y no faltan razones. Como alega su abogado y es ya de público conocimiento, las supuestas informaciones que la policía colombiana extrae a conveniencia de esa computadora carecen de toda validez legal.
En primer lugar, por su origen, un acto de agresión a un país vecino, violando todas las normas del derecho internacional y según denuncias las autoridades ecuatorianas, ejecutando guerrilleros fuera de combate y abandonando los heridos a su suerte. Así, pruebas obtenidas mediante un acto ilegal carecen por completo de valor.
En segundo lugar, no se permitió a las autoridades judiciales hacer el normativo acopio de las pruebas. El ejército colombiano las retuvo y las envió luego a los Estados Unidos para su “revisión” rompiendo la llamada “cadena de custodia” y hasta INTERPOL anota que al menos durante los tres primeros días existió la oportunidad de manipularlas a conveniencia, agregando que efectivamente eso había ocurrido al menos con parte del material.
En tercer lugar, los expertos independientes que han realizado analisis (dos conocidos profesores estadounidenses, entre otros) consideran imposible que Raúl Reyes haya logrado escribir el enorme volumen de información recogida: necesitaría muchas vidas para hacerlo. Además, parece bastante inverosímil que Reyes llevara a un campamento provisional tal cantidad de elementos (un computador portátil, varios discos duros y otros materiales informáticos). También suscita suspicacias que en un lugar calcinado por las bombas se recuperen precisamente unas “pruebas” que se utilizan luego para acusar a todo el que convenga: primero a quienes han estado directamente comprometidos con el intercambio humanitario y la solución pacífica del conflicto; luego a los gobiernos de Venezuela, Ecuador, Suiza y Brasil, y ayer mismo, a un conocido periodista colombiano crítico del gobierno.
Aún aceptando que ese material informático fuese efectivamente de Reyes es apenas natural que cientos de responsables políticos y activistas de derechos humanos de Colombia y el extranjero aparezcan mencionados allí pues han tenido contactos con la guerrilla. De la misma forma que aparecerán funcionarios gubernamentales, sobre todo cuando se trata de gobiernos que tienen intereses directos en la solución del conflicto. Más aún, Reyes habría registrado igualmente sus contactos con el gobierno colombiano y con las propias autoridades estadounidenses. Lo extraño sería que dichos contactos no tuviesen lugar. Si aparecer mencionado es prueba de ayuda a los insurrectos, se podría acusar entonces a cientos de políticos, decenas de diplomáticos, autoridades religiosas y hasta el mismísimo director de la bolsa de Nueva York, quien departió cordialmente con Manuel Marulanda en memorable entrevista. En este contexto no debería sorprender que Remedios García y cientos de activistas de derechos humanos hayan tenido (y tengan) contactos con las FARC. Además, y en su caso concreto, ha sido público su compromiso como promotora de paz y búsqueda negociada del conflicto tanto como su desaprobación de prácticas de la guerrilla como la retención de civiles con fines económico, por ejemplo. Si aceptó traer un dinero a Europa no fue como “tesorera” de los insurgentes sino por razones estrictamente humanitarias como está demostrado: un exilado colombiano en Suiza necesitaba ese dinero para sufragar los gastos de una delicada y urgente intervención quirúrgica. Otras personas han traído de los campamentos guerrilleros mensajes, señales de vida y otras cosas que están lejos de constituir “apoyo al terrorismo”.
En síntesis Bogotá no tiene nada; como tampoco lo tuvo cuando intentó presionar a Dinamarca para extraditar a quienes habían recolectado en un festival algunos cientos de dólares para la resistencia armada en Colombia y Palestina. Los jueces desestimaron la calificación de “terrorista” para las guerrillas colombianas –un asunto que en su opinión antes debería ser probado judicialmente, no siendo el caso en su país- y rechazaron la petición de extradición sugiriendo que Colombia no era precisamente un Estado de Derecho que ofreciera mínimas garantía procesales. Además, sus autoridades eran reiteradamente condenadas por violación grave de derechos humanos en instancias internacionales como la ONU y la OEA y denunciadas permanentemente por prestigiosas organizaciones de distinto tipo como AI, HRW y otras. ¿Qué explica entonces la conducta de Uribe y su fiscal, el sr. Iguarán (tan comprensivos y generosos con los paramilitares “desmovilizados”)?. Solo cabe una motivo: Bogotá intenta ganar la batalla de la opinión pública en Europa, esta vez con la esperanza de encontrar unos jueces españoles menos rigurosos que sus colegas daneses. A Uribe Vélez le preocupa mucho que Remedios García y personas como ella rompan el cerco de silencio que la UE y los medios han tendido sobre Colombia; sus actividades llevan a la opinión pública informaciones incómodas sobre la realidad colombiana, un motivo suficiente para que –de repente- Remedios aparezca como por arte de magia en el mágico computador de Reyes.
Si Remedios García estuviera en Colombia podría olvidarse de un juicio justo. Por eso es de esperar que España no la juzgue siquiera y mucho menos permita su extradición. De ocurrir lo primero, estaríamos ante un preocupante precedente además de una aberración jurídica. De ocurrir lo segundo, las autoridades españolas echarían sobre su conciencia la comisión de un atentado grave contra la libertad y los derechos que la ley garantiza.
La ciudadanía española tiene todo el derecho (y el deber) de exigir al gobierno que explique los motivos por los cuales ignora olímpicamente la naturaleza verdadera del régimen colombiano; que justifique el apoyo sin fisuras que da a un gobierno desprestigiado, responsable de prácticas sistemáticas de terrorismo, alcahueta de los crímenes de la extrema derecha y cuyos respaldos políticos y electorales aparecen tan viciados que le quitan cualquier atisbo de legitimidad. ¿Importa poco que casi una cuarta parte de los parlamentarios esté entre rejas por connivencia con el paramilitarismo? ¿Nada significa que más del 90% de esos políticos presos sea precisamente uribista? ¿Resulta más importante asegurar los intereses de las empresas españolas en Colombia que defender la inocencia de una ciudadana española?.
La opinión pública tiene igualmente el derecho de saber que la información que recibe sobre América Latina (y en particular sobre Colombia y su conflicto armado) está lejos de ser objetiva y veraz; por el contrario, la escriben aquellos que desean congraciarse con el pequeño tirano que señorea en aquel país andino, y asegurar así sus beneficios.(medios de comunicación como Prisa y Planeta compiten ahora febrilmente por alcanzar los favores de Uribe y asegurarse el tercer canal de la televisión local). En eso queda finalmente la libertad de prensa: en convertir ante la opinión pública a una promotora de paz y voluntaria en labores de entendimiento, en miembro destacado del terrorismo internacional. Por lo visto, regresa el macartismo de antaño bajo formas nuevas pero igualmente siniestras. Se empieza debilitando el estado de derecho en nombre de la seguridad; se arguye que las garantías ciudadanas constituyen un estorbo para la acción del estado; proliferan las leyes “antiterroristas” y se propala una atmósfera de sospechas y miedos. Así ocurre ya, de forma extrema en países como Colombia. Al parecer, alguien pretende que esas fórmulas del nuevo fascismo se vuelvan también comunes en los países de democracias consolidadas. Y se empieza por encarcelar a personas como Remedios García, por ejemplo.
Modificado el ( ABP/05/08/2008 )