Mario Uribe Escobar, primo del presidente Álvaro Uribe Vélez, recibió una orden de captura de parte de la Fiscalía General por su presunta vinculación con líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), una organización paramilitar supuestamente desmovilizada y que es acusada de la desaparición de 15 mil colombianos.
La Fiscalía de Colombia ordenó el arresto del ex presidente del Congreso Mario Uribe Escobar, primo del mandatario de ese país, Álvaro Uribe Vélez, investigado por sus presuntos nexos con grupos paramilitares de extrema derecha e irregularidades por la compra de tierras a esas organizaciones.
Ante la orden de detención, el abogado defensor de Uribe Escobar, José del Carmen Ortega, anunció a una radio colombiana que el ex parlamentario entró en la embajada de Costa Rica en Bogotá para pedir asilo, contrario a sus declaraciones iniciales de que se entregaría voluntariamente.
Ramiro Marín, un fiscal delegado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), fue el responsable de girar la orden de captura. Este tribunal fue el mismo que, a finales de septiembre de 2007, acusó a Uribe Escobar, para entonces senador, por el delito de concierto para delinquir.
Un comunicado de la Fiscalía General publicado este martes detalla que la medida en contra del primo del presidente conservador Álvaro Uribe, lo llevará a la cárcel sin derecho a fianza.
"Uribe es investigado por una reunión que sostuvo con el ex cabecilla paramilitar Salvatore Mancuso antes de las elecciones del 10 de marzo de 2002 y con Jairo Castillo Peralta, alias 'Pitirri', en noviembre de 1998", precisó la entidad judicial.
Alias "Pitirri", un ex paramilitar refugiado en Estados Unidos, es uno de los principales testigos contra el ex presidente del Congreso. Pitirri asegura que Mario Uribe se reunió en varias ocasiones con jefes de las Autodefensas Unidos de Colombia (AUC) para que éstos lo ayudaran a conseguir tierras en el norte y noreste de este país suramericano.
Mancuso fue el líder supremo de las AUC, una organización de extrema derecha acusada de la desaparición de más de 15 mil colombianos, que luego sepultó en 3 mil fosas comunes, así como de ser los culpables principales del desplazamiento de cerca de cuatro millones de personas que ha dejado el conflicto, a los que les han robado unas seis millones de hectáreas de tierras.
Esta agrupación paramilitar de ultraderecha supuestamente se disolvió a mediados del año 2006, según el Gobierno colombiano, dentro de un proceso de paz de tres años y medio que implicó el desarme de más de 31 mil paramilitares.
Mario Uribe Escobar es sólo uno de los 63 congresistas que han sido vinculados por la CSJ en el llamado "escándalo de la parapolítica", que estalló en 2006 y que intenta comprobar las relaciones de legisladores y políticos con las AUC. De ellos, 32 están detenidos.
Cincuenta y cuatro de los investigados pertenecen a partidos políticos que conforman la coalición de Gobierno en el Congreso, y todas estas facciones respaldaron la reforma constitucional de 2006 que permitió la reelección de Álvaro Uribe para un segundo mandato. Gracias a este apoyo seguirá gobernando Colombia hasta 2010.
Al momento de la apertura de su causa, Mario Uribe Escobar, ocupaba un escaño en el Senado, que abandonó a comienzos de octubre pasado con el fin de que su caso se quedara en manos de la Fiscalía General y no de la CSJ, que sólo asume los casos de funcionarios activos.
Tras su dimisión, Ricardo Elcure Chacón asumió el puesto de Mario Uribe, pero no por mucho tiempo. El lunes se entregó a los investigadores de la Fiscalía, poco después que el CSJ lo encausara por "concierto para delinquir agravado".
Estos procesos de investigación coinciden con la discusión en el Congreso de una reforma en las leyes internas de esta institución que, entre otros asuntos, establece la pérdida definitiva de la curul para un partido, conocida como la "silla vacía", cuando uno de sus congresistas sea condenado por nexos con grupos armados ilegales o por narcotráfico.
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