Masacre en Pando retorna a la opinión pública boliviana

La Paz, 19 feb (PL) En la opinión pública boliviana retoma hoy protagonismo la masacre de campesinos del 11 de septiembre de 2008 en Pando, luego que autoridades arrestaran a siete sospechosos de participar en el suceso.
Además de acaparar titulares periodísticos, las detenciones practicadas ayer en el norteño departamento desatan el debate político, aunque el gobierno lo evita al considerarlas una acción exclusiva del Poder Judicial.
Estamos ante procedimientos de la Fiscalía, en los cuales el ejecutivo no se entromete, aseguró a la prensa el vicepresidente de la República, Álvaro García.
Similar criterio expresó el viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán, quien enmarcó los arrestos en las pesquisas para esclarecer la matanza de al menos 15 labriegos en las localidades pandinas de Porvenir y Filadelfia.
Mientras, opositores encabezados por los legisladores Oscar Ortiz, Roger Pinto y Paulo Bravo aprovecharon el operativo realizado por soldados y policías para acusar al gobierno, en particular al titular de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, de sembrar represión e inestabilidad en el amazónico territorio.
Venganza política, violencia desproporcionada y medida anticonstitucional fueron algunos de los calificativos esgrimidos por los enemigos del Movimiento al Socialismo.
Algunos incluso amenazaron con acudir a organismos internacionales para denunciar las detenciones.
Tampoco faltaron imputaciones de supuestos intentos del ejecutivo de militarizar Pando.
Al respecto, el vicepresidente respondió que el Estado fortalecerá su presencia en lugares donde sea débil.
Entre las personas arrestadas están el alcalde de Porvenir, Edwin Ventura, y varios concejales, quienes fueron trasladados por vía aérea a esta ciudad, sede del gobierno.
De acuerdos con fuentes oficiales, la Fiscalía ya efectuó los primeros interrogatorios a los sospechosos.
La Unión de Naciones Suramericanas, la ONU y la Defensoría del Pueblo boliviano coincidieron en catalogar la masacre de violación masiva de los derechos humanos.
El principal acusado de promover los asesinatos es el opositor ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández, recluido desde hace seis meses en el paceño penal de San Pedro.