sábado, 21 de febrero de 2009

General Montoya: de violador sistemático de los Derechos Humanos a Embajador de República Dominicana


por Jesús Santrich/Integrante del Estado Mayor Central de las FARC EP
ABP/21/02/2009
Es hábito del gobierno colombiano utilizar los cargos diplomáticos para hacerle el quite a muchos de los escándalos que con motivo de su ligazón con el paramilitarismo estallan alrededor de ministros, altos mandos del ejército y la policía y encumbrados personajes del establecimiento, entre otros funcionarios.
Tomado de www.Bolivarsomotodos.org
En consecuencia, gran parte de ese “cuerpo glorioso” lo han convertido en guarida de asesinos. En vez de ser enviados a prisión, algunos de los criminales que han conducido la guerra sucia en Colombia, ahora son cónsules, embajadores o burócratas de cualquier tipo en las sedes de las legaciones en el exterior. Este tipo de cargos son premio y escondite de los jiferos del régimen de Álvaro Uribe Vélez.
En el contexto del intervencionista Plan Colombia, diseñado por Washington como importante factor de su avanzada re-colonizadora sobre Nuestra América, los crímenes de lesa humanidad se convirtieron en escalofriantes hechos cotidianos atribuibles no solamente a las fuerzas paraestatales o a los subalternos de la fuerza pública y de todos los organismos armados del régimen, sino a los máximos regentes del Estado y de su guardia pretoriana. Después de Uribe, el matarife de la casa de “Nari”, desde los generales Mario Montoya Uribe y Freddy Padilla de León hacia abajo, casi todos son responsables de terribles asesinatos, y raro es el que no tiene, por parte del régimen, garantía de impunidad y halago a sus siniestros servicios. Uno de las instancias para compensar a los genocidas es el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Mencionando sólo algunos poquísimos ejemplos, recordemos:
¿Para dónde enviaron al asesino Rosso José Serrano?, ex- jefe de la Policía Nacional en Colombia, desde donde coadyuvó al desarrollo del paramilitarismo en las principales ciudades del país; triste y tenebrosamente, el sujeto es recordado por haber sido, al lado de Uribe Vélez y los paramilitares apodados como los “Mochacabezas”, uno de los planificadores de la masacre del Aro.
¿Para dónde enviaron al ex-Fiscal Luis Camilo Osorio?, quien durante toda su gestión desde el año 2002 protegió abominables jefes paracos de la talla de Rito Alejo del Río, el carnicero de Urabá. Para vergüenza nacional, aún es embajador de Colombia en México, donde asesora la construcción del proyecto paramilitar del espurio Presidente Felipe Calderón, con todo el apoyo de Uribe Vélez.
Para nadie es secreto que Camilo Osorio actuó siempre favoreciendo a los más sanguinarios jefes de la moto sierra criminal moviendo toda su influencia a fin de lograr que se archivaran pavorosos casos de violaciones a los derechos humanos, en los que sin duda estaban involucrados mandos militares, funcionarios públicos e influyentes empresarios. El caso de la protección al general Rito Alejo del Río es típico, pues se trata del amparo al asesino que cuando se desempeñaba como comandante de la XVII Brigada del Ejército (Urabá antioqueño), en febrero del 97 ordenó, por ejemplo, la incursión paramilitar a Riosucio (Chocó), la cual ejecutaron 150 asesinos al mando del descuartizador Elmer Cárdenas. Estos elementos entraron a la población de Bijao, de manera sanguinaria torturaron y luego decapitaron al dirigente campesino Marino López Mena, para consecutivamente presionar con maltratos y amenazas el desplazamiento de 2.500 personas, a las que arrebataron sus tierras.
A Rito Alejo del Río se le “deben” los bombardeos indiscriminados y las incursiones sangrientas de las hordas genocidas que asolaron las comunidades negras de aquella extensa y empobrecida región. Y al ex Fiscal Osorio se le “debe” la protección del susodicho destripador, y todos los trucos que hasta hace poco tiempo contribuyeron a blindar con impunidad el paramilitarismo de Estado. Pero, hoy por hoy, los propios socios de carnicería de uno y otro personaje, como alias “HH”, “El Iguano” y “Salvatore Mancuso”, les acusan como victimario en delitos inenarrables.
¿Acaso no estuvo en Milán, pasando el chaparrón de sus cuestionamientos por sus crímenes, el tristemente célebre ex-director del DAS Jorge Noguera, asesino de sindicalistas y dirigentes populares? Esta escoria, fue primero responsable en Santa Marta de la campaña presidencial 2002 de Uribe Vélez; con el asenso del matarife caballista a la presidencia, Noguera fue nombrado Director del DAS, dependencia policial ligada estrechamente al Palacio de Nariño. La tarea asignada era la del exterminio de líderes sindicales y militantes de izquierda, según ha quedado reconfirmado tras el enorme escándalo suscitado cuando se destaparon sus vínculos con el paramilitarismo.
Fue Noguera quien en Santa Marta sostuvo la conversación con Rito Alejo del Río en la que se planificó la incursión paramilitar hacia Caracas, que debía conducir al asesinato del Presidente de Venezuela Hugo Chávez. Él propio Noguera, también personalmente, elaboraba las listas de “ajusticiables” que enviaba a los paramilitares, pero en el caso del asesinato del sociólogo y profesor investigador Alfredo Correa de Andreis, el crimen lo ejecutaron, bajo su orientación, directamente sus agentes encubiertos. Cuando el escándalo se desató alrededor de abrumadores hechos notorios, para protegerlo Uribe lo envió como cónsul a Milán.
¿Tendría otro destino “peor” que el de la burocracia diplomática el masacrador general Montoya? No. Este individuo impuso los métodos de la guerra sucia con todos los yerros durante el desenvolvimiento de la criminal “Operación Orión” en la popular Comuna 13 de Medellín ejecutada al lado de los paramilitares en el año 2002. Más de dos mil efectivos puso en acción de tierra arrasada.
En aquella infausta ocasión, durante la toma de la barriada, al menos 20 personas fueron asesinadas y unas 400 hechas prisioneras. Al peor estilo de Pinochet, se les recluyó en un estadio; muchas de ellas fueron desaparecidas y posteriormente encontradas en fosas comunes, muertas y con signos de tortura.
La operación de represión contra la Comuna 13, a la que consideraba bastión de la insurgencia –en realidad era un lugar donde no había podido penetrar sus proyecto paramilitar-, se decidió tras un acuerdo suscrito por el general y el paramilitar Fabio Jaramillo, ficha de otro paramilitar uribista de mayor poder mafioso, Diego Fernando Murillo Bejarano, conocido con el alias de “Don Berna”. Pretendían acumular mayor poder territorial y político para las catervas del actual Presidente.
El historial criminal del general Montoya le ha otorgado “meritos”, entonces, para aparecer en uno de los sitiales que para los agentes de la guerra sucia ha destinado el libro “El terrorismo de estado en Colombia”. Su nombre “deslumbra” en la página 219, consignándose un resumen de su largo prontuario de asesino.
Obviamente, si a Rito Alejo del Río en determinado momento lo nombraron embajador en Corea, a Mario Montoya la casta oligárquica debe depararle al menos similares premios; eso sí, superiores seguramente al cargo de agregado militar que ya ocupó en Londres en algún momento. El “derecho” se lo da además su amplio dosier como servil incondicional de los intereses gringos, como uno de los generales feroces del Plan Colombia, lambón insuperable de las Fuerzas Especiales No.7 del ejército de los Estados Unidos, (“Boinas Verdes”), con quienes, al lado de otros mandos militares, planearon la masacre de Mapiripán (al menos cincuenta campesinos fueron decapitados en ese hecho).
Un hombre que ha tenido la oportunidad de lustrar los zapatos de asesores gringos y altos mandos militares del Comando Sur de Estados Unidos, como los del general Charles Wilhelm y los del Zar antidrogas Barry McCaffrey, no puede ser no tenido en cuenta (¡) por el establishment.
Pero si más experiencia se necesita, podemos sumarle que era Montoya el jefe militar que coordinó la entrada paramilitar a Bojayá. Era el mismo que comandaba la División militar a la que pertenecían las tropas que protagonizaron la masacre en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó (Antioquia), el 21 de febrero de 2005. El mismo que comandaba las hordas miliares del Caribe colombiano cuando los matones Salvatore Mancuso y Jorge 40 se hicieron fuertes sembrando de cementerios clandestinos las zonas rurales de dicha área de la costa Atlántica.
Con certeza, la cancillería del terrorismo de Estado sabrá irle dando el mejor de sus sitiales a esta “joya de la guerra sucia”. En mayor dimensión seguramente que en los tiempos no muy distantes en que le otorgaron a elementos criminales como Salvador Arana la embajada en Chile después de haber asesinado campesinos en el departamento colombiano de Sucre. O como a Juan José Chaux, ex gobernador narco-paramilitar y luego embajador en República Dominicana. O como a Sabas Pretelt el ex Ministro del cohecho y la “fraternidad” lloricona con los paramilitares de Ralito.
A propósito, no olvidemos que ésta sabandija, fue protagonista principal en el inmoral caso de la Yidis política, que arrojó la aprobación por el Congreso, mediante corrupción, de la primera reelección presidencial. El Acto Legislativo fue el producto del pago en prebendas a los parlamentarios Yidis Medina y Teodolindo Avendaño. Para entonces, Pretelt como Ministro del interior y justicia, y Diego Palacios como Ministro de la Protección Social, tramitaron y sostuvieron la tramoya de la reforma con trampas, narco-dineros, sobornos y engaños. Cuando el escándalo se hozo inminente Sabas fue enviado como embajador a Italia.
En fin…, ¿acaso al asesino que atropelló población en el área de operaciones del Plan Patriota en el sur de Colombia, Carlos Alberto Frasica, no lo tienen de agregado militar en Chile?
Estos cerdos de la guerra sucia no se rebajan de cónsules, embajadores o agregados diplomáticos, en vez de ser enviados a prisión. Es vieja tradición que parece no avergonzar a la oligarquía gobernante. ¿No recuerdan que antes de la llegada de Uribe los campesinos desplazados del predio Bellacruz (departamento del Cesar) se tomaron las instalaciones del INCORA en tres oportunidades y la Defensoría del Pueblo en otra, en reclamo de que el Estado les garantizara el retorno a sus tierras que habían sido arrebatadas por el señor Arturo Marulanda en compinche con los paramilitares? Hacia febrero de 1997, el número de personas asesinadas de esa comunidad ya era de 35, y los campesinos dolientes deambulaban desplazados mientras su victimario fungía como embajador ante la Unión Europea y los gobiernos de Bélgica y Luxemburgo.
Los países donde han ido a parar tales elementos deben saber que lo que tienen en su territorio como representantes de Colombia son inadmisibles especímenes de eso que el fascismo uribista, como herencia del militarismo de George Bush, viene diseminando como agresiva “diplomacia” de la arbitrariedad, la hostilidad y el cinismo. Su epicentro actual está en la cancillería del terrorismo de Estado que encabeza el señor Jaime Bermúdez, reconocido propagandista goebbelsiano y pieza clave de los planes yanqui-uribistas para intervenir contra la unidad y la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela y de Ecuador, mediante las más inadmisibles prácticas de la barbarie (entre ellas el secuestro y las violaciones territoriales), que en rey de burlas han convertido las normas del Derecho Internacional.
Un rechazo generalizado de parte de los pueblos dignos debería producirse contra dichos agentes de la recolonización gringa, la guerra sucia y el terrorismo de Estado.

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