Seguridad democrática: El fin y los medios

A propósito de los llamados falsos positivos y el retiro del servicio activo del Ejército de 27 oficiales, entre ellos 3 generales, en Diciembre del año pasado, en la Universidad Nacional, en el "Primer Coloquio Internacional Análisis y Evaluación de las Políticas Públicas en Colombia: experiencias, teorías, métodos en debate", sacamos a colación el marco referencial de la política de seguridad democrática del actual gobierno.
Decíamos que este referencial conllevaba inexorablemente a los denominados, eufemísticamente, "falsos positivos", que objetivamente, no son más que ejecuciones extrajudiciales. Se reconoce 1.137 casos, lo que constituye un crimen de lesa humanidad y una práctica corriente del terrorismo de estado, responsabilidad del actual gobierno y de todo su personal, por lo cual tendrán que dar cuenta ante una comisión de la verdad.
Comisión que será el resultado de la posición crítica de los ciudadanos frente a este pasaje obscuro y siniestro de la historia contemporánea de Colombia, caracterizado por la violencia conspirativa del Estado contra la sociedad, cuyo motor ha sido la violación masiva de los derechos humanos.
Las mentadas ejecuciones extrajudiciales, junto con las desapariciones forzadas y los ataques a defensores de derechos humanos no son inesperadas. En efecto, en el año 2002 y 2003, funcionarios y contratistas al servicio de las Regionales Bogotá, Cundinamarca y el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo advirtieron al Señor Volmar Pérez, Defensor del Pueblo, sobre la práctica sistemática y planificada de ejecuciones extrajudiciales contra los jóvenes de Cazucá y Soacha.
El señor Pérez no hizo uso de la magistratura moral que le asiste, no se pronunció con la contundencia que le exigía tal violación masiva a los derechos humanos. Su preocupación fundamental se centraba en el hecho de ser ternado y apoyado por la actual estructura de poder en el gobierno, para continuar con el proceso de desinstitucionalización de la Defensoría del Pueblo.
Pero volviendo al coloquio internacional. En esta ocasión, en el contexto de una exposición sobre los observatorios, discutimos la situación socialmente problemática de la naturaleza, procedimientos y finalidad de la Fuerza Pública, en relación con el tratamiento del conflicto armado interno. Pusimos en tela de juicio el referencial de la calificación del desempeño de la Fuerza Pública, el cual continúa fundamentándose en la condición de la preservación de sus efectivos, por encima del imperativo humanitario, lo que ha conllevado a la calificación del éxito militar en términos del número de bajas del enemigo y la destrucción de sus bases de apoyo.
Esta concepción del ejercicio militar ha implicado, entonces, un tipo de estructura, unos procesos de acción, ciertas relaciones con los actores y, en especial, un teatro de acontecimientos y operaciones, bajo un enfoque de aniquilamiento y destrucción del enemigo armado, de sus denominados auxiliadores, y de contera, de los ciudadanos, llamados repulsivamente "torcidos" o "guerrilleros de civil".
Pues bien, concebido el parámetro de medida bajo ese "marco referencial", la fuerza pública siempre ha estado bajo el riesgo de excederse y vulnerar las libertades fundamentales de los ciudadanos. Igualmente, la opción militar ha dejado de ser un medio para convertirse en un fin de la acción gubernamental, orientada a considerar la violencia en todas sus manifestaciones como un mal mayor, pero con la particularidad de que resuelve el conflicto armado interno.
Tal enfoque se ha circunscrito en un marco referencial fundamentado en el concepto de represión y la práctica de que el fin justifica los medios. El referencial fundamentado en la represión ha acarreado una forma de pensar y un modus operandi, en función de la destrucción del "enemigo interior", tomándose únicamente como referencial de evaluación de los éxitos y logros de la Fuerza Pública, el número de bajas enemigas, capturas, ofensivas, cercos humanitarios, etc. Este modo de proceder ha dado lugar, entre otros, a la alianza macabra de integrantes de la Fuerza Pública, con bandas criminales para perpetrar los "falsos positivos" y así cobrar las recompensas que otorga la política de seguridad de democrática del actual gobierno.
No se podría esperar otro comportamiento de la Fuerza Pública colombiana, pues sus efectivos no han sido formados en el respeto de las libertades y la dignidad humana. Adolecen de un déficit de conocimientos, valores, virtudes y actitudes para plantearse preguntas, tan obvias dentro del honor militar, como por ejemplo, ¿Hasta qué punto mis decisiones de mando no dañan la calidad de persona de los ciudadanos bajo mi jurisdicción?, ¿Hasta dónde es estricto y necesario el uso de la fuerza?; en la decisión a tomar ¿la vida y la dignidad humanas son el centro de mi compromiso?.
Por otra parte, para el gobierno, no ha sido un desafío pensar y actuar coherentemente, en otros horizontes que guíen la acción de la Fuerza Pública. En efecto, el conflicto armado interno no se ha conducido bajo paradigmas, fundados en representaciones y valores que persigan, ante todo, preservar la vida de los ciudadanos; ni se ha considerado como condición sine qua non el respeto de la dignidad humana, las libertades públicas y el derecho internacional humanitario. Por lo tanto, no se ha actuado tomando medidas preventivas y reparativas de los daños causados a la población civil, agravando la inveterada crisis humanitaria que ha embargado al país.
Por ello, es perentorio, entre otras medidas, calificar a la Fuerza Pública según sus resultados en la defensa de la población civil. Lo que implica comenzar por una reevaluación de las nociones del "honor y el mérito militar", en el marco de lo que considera el profesor Monconduit, en su cátedra de filosofía política, "bienes morales, los cuales se gozan cuando se tiene el sentimiento de merecer la consideración y de conservar el derecho a su propia estima". Estos valores son nociones abstractas que se relacionan con la dignidad, el orgullo, la estima y el respeto de sí mismo y de los otros, pero que exigen su traducción en una práctica concreta.
En suma, es decisivo generar una posición crítica y activa frente a la manera, como se orienta el tratamiento del conflicto armado, es imperioso crear masa crítica, cimentada en un movimiento social que desafíe el marco de las estructuras, y particularmente, la política de seguridad democrática, que es la piedra angular de este régimen, fundamentado en la mentira políticamente organizada y en la violencia conspirativa del Estado contra la sociedad.